Carlos Ramírez
En estos días de agobio priista por los civiles muertos en la lucha a balazos contra el crimen organizado, dos fantasmas recorrieron los pasillos de las curules de las bancadas priistas en el Congreso: el de Fernando Gutiérrez Barrios y el de Gustavo Díaz Ordaz.
Muy contundente fue el senador priista Manlio Fabio Beltrones al exigir “no más muertos inocentes”. Y muy enojado se vio al senador perredista Carlos Navarrete, pidiendo mayor puntería gubernamental en la liquidación de miembros del crimen organizado. El primero seguramente no olvida que la fase de represión del PRI llenó las cárceles de presos políticos, creó la Federal de Seguridad para asesinar disidentes y formó la "Brigada Blanca" para matar guerrilleros. Y el senador perredista parece haber mantenido su silencio por los más de 500 perredistas asesinados por el sistema político priista luego del fraude electoral de 1988.
En ambos casos, los disidentes presos o asesinados fueron parte del daño colateral del autoritarismo priista para mantenerse en el poder y negarse a atender las demandas crecientes de democratización. Lo peor de esa fase de 1951 al 2000 fue que el PRI privilegió la represión y no sólo causó daños colaterales en acciones de contrainsurgencia contra la disidencia, sino que cometió un crimen peor: los crímenes directos de disidentes, no colaterales.
Y ha sido el Senado el más enérgico crítico de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado, enfáticamente las bandas del narcotráfico, porque ha sido también en el Senado donde el PRI y el PRD dieron una exhibición de hipocresía política, al evitar la moción de censura contra el gobierno dictatorial de Fidel Castro por los periodistas encarcelados por razones políticas y por las huelgas de hambre en lucha por la democracia.
La justificación del PRI y del PRD para evitar la condena a la dictadura monárquica de los hermanos Castro dejó claro que las muertes por huelga de hambre, los fusilados y los periodistas encarcelados son “daños colaterales” para poder mantener por la vía criminal el modelo de socialismo represor de los derechos humanos. PRI y PRD mostraron, sin rubor, las dos caras del poder.
De ahí que los fantasmas de la represión y de Gutiérrez Barrios y Díaz Ordaz se hayan paseado para asustar incautos. ¿Alguien recuerda que el PRI hubiera exigido en el Congreso el control de los organismos de represión priista en los años negros del endurecimiento, o que Díaz Ordaz cambiara la estrategia de represión? Peor aún: la sede legislativa de Donceles aún guarda el eco de ese aplauso caluroso, ensordecedor, largo, de los priistas aquel primero de septiembre de 1969, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que la represión había sido necesaria y que no se arrepentía.
Y los perredistas y petistas tienen lo suyo, a pesar de ser los más críticos de la estrategia de ofensiva contra el narco. En el fondo, PRD y PT carecen de vergüenza y credibilidad al mantener en sus filas a Porfirio Muñoz Ledo, quien en 1969 pronunció dos encendidos elogios a Díaz Ordaz, por el patriotismo con el que manejó la represión contra el movimiento estudiantil.
En el fondo, hoy se definen la fuerza y la soberanía del Estado. Y precisamente de eso se trata: el PRI y el PRD como oposición han decidido una estrategia de debilitamiento institucional del Estado y del gobierno federal como una forma de emerger como opciones políticas electorales, en lugar de contribuir a redefinir las tácticas de la lucha contra el crimen organizado para fortalecer al Estado y evitar cederle la victoria conceptual y mediática a los delincuentes, al limitar la acción de la autoridad. El PRI se comporta como una oposición desleal, a diferencia del papel del PAN en el pasado como oposición leal.
Muy contundente fue el senador priista Manlio Fabio Beltrones al exigir “no más muertos inocentes”. Y muy enojado se vio al senador perredista Carlos Navarrete, pidiendo mayor puntería gubernamental en la liquidación de miembros del crimen organizado. El primero seguramente no olvida que la fase de represión del PRI llenó las cárceles de presos políticos, creó la Federal de Seguridad para asesinar disidentes y formó la "Brigada Blanca" para matar guerrilleros. Y el senador perredista parece haber mantenido su silencio por los más de 500 perredistas asesinados por el sistema político priista luego del fraude electoral de 1988.
En ambos casos, los disidentes presos o asesinados fueron parte del daño colateral del autoritarismo priista para mantenerse en el poder y negarse a atender las demandas crecientes de democratización. Lo peor de esa fase de 1951 al 2000 fue que el PRI privilegió la represión y no sólo causó daños colaterales en acciones de contrainsurgencia contra la disidencia, sino que cometió un crimen peor: los crímenes directos de disidentes, no colaterales.
Y ha sido el Senado el más enérgico crítico de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado, enfáticamente las bandas del narcotráfico, porque ha sido también en el Senado donde el PRI y el PRD dieron una exhibición de hipocresía política, al evitar la moción de censura contra el gobierno dictatorial de Fidel Castro por los periodistas encarcelados por razones políticas y por las huelgas de hambre en lucha por la democracia.
La justificación del PRI y del PRD para evitar la condena a la dictadura monárquica de los hermanos Castro dejó claro que las muertes por huelga de hambre, los fusilados y los periodistas encarcelados son “daños colaterales” para poder mantener por la vía criminal el modelo de socialismo represor de los derechos humanos. PRI y PRD mostraron, sin rubor, las dos caras del poder.
De ahí que los fantasmas de la represión y de Gutiérrez Barrios y Díaz Ordaz se hayan paseado para asustar incautos. ¿Alguien recuerda que el PRI hubiera exigido en el Congreso el control de los organismos de represión priista en los años negros del endurecimiento, o que Díaz Ordaz cambiara la estrategia de represión? Peor aún: la sede legislativa de Donceles aún guarda el eco de ese aplauso caluroso, ensordecedor, largo, de los priistas aquel primero de septiembre de 1969, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que la represión había sido necesaria y que no se arrepentía.
Y los perredistas y petistas tienen lo suyo, a pesar de ser los más críticos de la estrategia de ofensiva contra el narco. En el fondo, PRD y PT carecen de vergüenza y credibilidad al mantener en sus filas a Porfirio Muñoz Ledo, quien en 1969 pronunció dos encendidos elogios a Díaz Ordaz, por el patriotismo con el que manejó la represión contra el movimiento estudiantil.
En el fondo, hoy se definen la fuerza y la soberanía del Estado. Y precisamente de eso se trata: el PRI y el PRD como oposición han decidido una estrategia de debilitamiento institucional del Estado y del gobierno federal como una forma de emerger como opciones políticas electorales, en lugar de contribuir a redefinir las tácticas de la lucha contra el crimen organizado para fortalecer al Estado y evitar cederle la victoria conceptual y mediática a los delincuentes, al limitar la acción de la autoridad. El PRI se comporta como una oposición desleal, a diferencia del papel del PAN en el pasado como oposición leal.
