René Delgado: ¿Quién sigue?

La expresión es tan cierta como terrible: la gente ya no se pregunta ¿qué sigue?, sino ¿quién sigue?

El giro de la interrogante es comprensible. La barbarie criminal no tiene límite y avanza a ritmo de marcha. La violencia se ha desbordado, ha cambiado sus objetivos y ha intensificado su grado y medida así como su carácter. El gobierno emite el correspondiente pésame del día como si fuera el reporte del clima e, increíblemente, sostiene el discurso de que aquélla se recrudece porque el crimen está acorralado... pero la creciente cifra del ejecutómetro da escalofrío.

La respuesta a ¿qué sigue?, es obvia: la militarización de la vida civil y la barbarie bruta condecorada por la impunidad. La respuesta a ¿quién sigue?, es la incertidumbre. Salvo un golpe de suerte que llevara a la captura o la muerte de Joaquín "El Chapo" Guzmán y creara una circunstancia distinta, el destino del sexenio es la condena a sostener una guerra perdida y a tratar de entregar la administración aunque el país se le haya ido ya de las manos.

Ni caso tiene insistir en la crítica a la estrategia, el fracaso no tiene ya vuelta de hoja. Se quiere, ahora, compartir y repartir la derrota pidiendo opiniones como si se fueran a tomar en cuenta y se quiere simular el ajuste a partir de algunas acciones -combate al "lavado" de dinero- que, desde hace años, debieron tomarse en cuenta y se quiere hacer creer que la supuesta nueva estrategia no exige el cambio de estrategas. Los que fallaron pueden fallar de nuevo, su jefe los respalda como si hubieran hecho muy bien las cosas. ¿De quién es la culpa, quién es el responsable? De nadie o de todos, casi responden a coro.

Tanta es la indiferencia oficial al reclamo de que si no pueden, renuncien que, por el tiempo transcurrido sin atender la exigencia, hoy quien tendría que poner la renuncia sobre la mesa sería el propio presidente de la República. Pero como la sola mención de la idea escuece a "las buenas conciencias", a la ciudadanía no le resta más que asumir un hecho: el sexenio ha concluido, pero es menester esperar dos años en la incertidumbre para ver si la próxima administración puede hacer algo frente a la ruina de la República.
Y, entonces, como ya se sabe qué sigue, se pregunta: ¿quién sigue?
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La descalificación de quienes desde hace tiempo advertían que seguir por la ruta sexenal de la crisis económica o política, a la postre, llevaría a una crisis de crisis, hoy ya es insostenible: se vive ese momento.
La política y la economía no funcionan, crece el malestar social y, lo peor, el crimen trae encañonada a la República, obligándola a caminar de espaldas contra la pared. Eso no es vida. Lo grave, sin embargo, no es la barbarie ni la impunidad criminal, sino la incapacidad de la clase dirigente para tomar cabal conciencia de la circunstancia. Duele su indolencia y desespera su incapacidad.
A diferencia de otros sexenios que, desde la mentira, construían una ilusión, esta vez ni eso hubo. Desde su arranque fue una pesadilla. Por la razón o sinrazón que se quiera: esta administración arrancó mal y empeoró. Un año se fue en tratar de sostenerse, otro en emprender una reforma petrolera mal hecha, uno más en atemperar el golpe a la economía y la salud, y ahora la agenda corre por cuenta del crimen. Ni el engaño de la ilusión tuvo oportunidad.
Sobra la crítica a lo que no existe o esperar el informe de lo que no se pudo. La administración ya no se constituyó en gobierno. Por eso, el reclamo ciudadano debe reenfocar su batería sobre quienes, desde ahora, ya se ven redecorando Los Pinos y se miran en el espejo del televisor o la plaza pública como si aparecieran con la banda tricolor terciada al pecho.
Ahí es donde hay que apretar, desde ahora.
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La precipitación del juego sucesorio sólo tiene sentido si cumple con dos requisitos: uno, asegurar que, al debilitamiento del Estado de Derecho, no siga la vulneración de la democracia y, entonces, garantizar la elección del 2012; y, dos, reconstruir el entramado político y jurídico para que quien llegue a Los Pinos, quien quiera que sea, esté revestido de legalidad y legitimidad y tenga posibilidad de encabezar un gobierno.
Qué más da la cuidada imagen de Enrique Peña, los pasos de gato de Manlio Fabio Beltrones en la cornisa, la vanidad disfrazada de Andrés Manuel López Obrador, el esfuerzo de Marcelo Ebrard por proyectarse más allá de la capital, el anhelo escondido de Juan Ramón de la Fuente o el desfile de los enanitos albiazules. Qué más da eso si, ahora, cuando el desastre los convoca, rehúyen la posibilidad de sentarse para acordar entre ellos y sus partidos las condiciones básicas de competencia electoral y las decisiones políticas necesarias para darle margen de gobierno a quien herede la ruina de Los Pinos.
Acelerar la sucesión sin esa doble consideración es repetir la fórmula conocida para producir administraciones sin capacidad de gobierno e invitar a la ciudadanía a no contener más la rabia contra ese destino.
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Un sexenio tras otro, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Felipe Calderón, la ciudadanía ha visto un continuo desfile de crisis sexenales que arrancan ofreciendo estabilidad, el liderazgo del tercer mundo, la administración de la abundancia, el saneamiento de las finanzas públicas, el pase automático al primer mundo, la reestructura económica, la alternancia o el decálogo de la transformación y terminan recogiendo muertos, amarrándose a la silla, reconociendo problemas de caja, negando fraudes electorales, ignorando deudas políticas y, ahora, combinando todo ello: una crisis de crisis.
Evidentemente la administración calderonista no va a hacer en dos años lo que no pudo en cuatro y, entonces, es ahora cuando es preciso construir lo que se necesita, en vez de prometer el paraíso sin enganche.
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Si Enrique Peña, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y los ponis albiazules quieren ver quién de ellos ocupa Los Pinos, deben empezar su campaña, pero no en el estilo acostumbrado: exhibiéndose sin compromiso, repitiendo la tonadilla aquélla de ya verán cuando yo sea, que tan bien dominan.
Esta vez no se trata, a su modo y estilo, de cuidar la imagen y nadar de muertito. Se trata de reconocer la descomposición del régimen y la degradación de la política para acordar básicos en torno al próximo concurso y al próximo gobierno. Se trata de reponer la esperanza a la ciudadanía que vive a la intemperie una guerra fallida, no puede más con la rabia contenida y se pregunta: ¿quién sigue?

Carlos Ramírez: Ebrard tiene miedo al infierno.

El conflicto de Marcelo Ebrard con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez escaló el escenario político:

1.- Como lo recordó el investigador Raúl Trejo Delarbre en su columna en el sitio HYPERLINK “http://www.ejecentral.com.mx” http://www.ejecentral.com.mx, Ebrard difamó a intelectuales en el 2006 de la misma forma que dice que el cardenal lo ofendió. Ante una carta de intelectuales señalando que no había evidencias de fraude en las elecciones presidenciales de julio, Ebrard afirmó: “Deben abrir los ojos y cerrar las carteras”. Es decir, los acusó de estar maiceados. Y nunca se disculpó de la ofensa. La declaración la hizo cuando estaba al frente del plantón ordenado por López Obrador para exigir el recuento de votos. Lo grave de esa actitud hipócrita fue que López Obrador perdió las elecciones en la misma elección que Ebrard la ganó en el DF en una elección de Estado operada por el entonces jefe de gobierno, Alejandro Encinas.

2.- Temeroso de irse al infierno por la excomunión, Ebrard decidió violar el Estado laico: Anunció que pedirá una audiencia con el Papa Benedicto XVI para “explicarle” las decisiones e inclusive dejó en claro que se iba a acoger al derecho canónico. Es decir, el laico Ebrard iría a Roma a pedir perdón, a someterse a leyes extranjeras y a postrarse ante un gobierno extranjero porque la Iglesia Católica es el Estado Vaticano. Nunca un político laico mexicano había aceptado la vigencia del derecho canónico. Cuando Benito Juárez emitió las Leyes de Reforma y desató la ira de la Iglesia, en ningún momento pasó por su mente ir a Roma a “explicar” sus decisiones ni a suplicar por el perdón como hoy lo quiere hacer Ebrard. La única razón que tiene Ebrard es que la excomunión no le da derecho de ir al cielo.

3.- Lo grave de todo es que el derecho canónico es muy claro y señala la excomunión automática de quienes atenten contra las prácticas religiosas. Como siempre, Ebrard lanza sus declaraciones engañabobos: Al invocar el código canónico ignora que este documento es claro al definir el matrimonio entre hombre y mujer y condenar el aborto. Por tanto, Ebrard se metió en problemas al acreditar el código canónico que echaría abajo sus reformas y obligaría a regresar a la tradición familiar. Con tal de evitar el infierno y ganar el cielo, Ebrard cedería ante la Iglesia. El artículo 1398 del código canónico establece la excomunión a “quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae (dado pena)”. Y el artículo 1055 aclara que “la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida (…), fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados”.

4.- Ebrard se olvida de los tiempos en que sirvió de enlace de Carls Salinas y Manuel Camacho con la Iglesia Católica. Inclusive uno de los personajeso mexicanos más cercanos a la Iglesia y amigo personal del Papa Juan Pablo II, Javier García Ávila, fue secretario de Camacho. El objetivo era aliarse a la Iglesia Católica --que entonces también condenaba el aborto y la agenda gay-- para la base política de la candidatura de Camacho a la Presidencia de la República.

5.- Si se cumple la ley en el Tribunal Superior de Justicia del DF que está sometido a los caprichos de Ebrard, entonces se debe acatar el artículo 1916 bis del Código Civil en materia de daño moral en sus tres niveles: “‘No está obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información”; “en todo caso, quien demande la reparación del daño moral (…) deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiere causado la conducta”; y “tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga el propósito ofensivo”.

6.- Por lo demás, luego de poner su demanda, Ebrard calificó al cardenal Sandoval Íñiguez de mentiroso, un adjetivo que puede tipificarse como daño moral. Sólo que el cardenal lo castigó con el látigo de su desprecio.

7.- Al final de cuentas, lo que Ebrard quiere eludir es la falta de un consenso mayoritario a favor de la agenda sexual del PRD avalada por el PAN, pero sin contar con la mayoría nacional. Así, Ebrard ha llevado a defender un derecho pero sacrificando otro.

8.- Más que una nueva guerra cristera, Ebrard, como personaje de Graham Green, quedó atrapado entre El poder y la gloria.

Porfirio Muñoz Ledo: "La danza Macabra"

El Ejecutivo parece decidido a confirmar una célebre frase de los surrealistas: “el pensamiento nace en la boca”. Cada declaración se contradice con la anterior y ninguna es fruto de una reflexión serena. En tres días del seminario “Diálogo por la seguridad” transitó de una insólita apertura a las críticas que le formularon a una reafirmación mecánica de las estrategias fracasadas, para rematar en una andanada elemental contra “los políticos” que resisten a embarcarse en una aventura cuya fragilidad él mismo reconoce.

Sorprendió su afirmación del primer día: “el debate sobre la regulación de las drogas es medular y debe darse en la pluralidad democrática”. Admitió las fallas de la comunicación oficial: “no hemos sabido explicar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo”. Reconoció que “no se han generado los resultados deseables” y aceptó argumentos sobre la urgencia de estructurar una “plan B”, la equiparación a la legislación estadounidense sobre la legalización de la mariguana y el acento en el control de las operaciones financieras.

El segundo día reaccionó con virulencia a los juicios que le espetaron: “se está actuando en un vacío jurídico, muy peligroso para el país” y “apresuró usted la guerra sin un análisis y diagnóstico certeros para que ésta no nos atrapara”. Mauricio Merino lo llamó a proceder con “honestidad de Estado, para sacar este tema de la pelea electoral”. Acto seguido, Calderón comenzó a acantonarse en el rito auto defensivo: “cuando la gente es víctima de la violencia, créame que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis”.

Al tercer día resucitó, con el concurso de la Iglesia, después de que un obispo lo había censurado severamente. Confundió a la sociedad civil con los clérigos y los invitó a “denunciar los vínculos de gobernadores, alcaldes y jueces con el crimen” ¿a violar el secreto de confesión? La cereza sobre la promiscuidad: se dijo interesado en “reclutar en la Policía Federal a los integrantes de las iglesias”, porque son “gente con valores trascendentales”. Cristeros uniformados: un himno a la laicidad de la República.

Desde el refugio de la curia, apostrofó contra los partidos que han “ignorado sus llamados para construir una política nacional sobre seguridad”, cuando no ofrece alternativas. En olvido además de que encabeza un gobierno de ridícula minoría, a partir de que estallaron sus complicidades con el PRI. Se indigna porque su iniciativa de reforma política no prospera en el Congreso cuando nunca intentó consensuarla. Otra vez la cantaleta foxista: “quítale el freno al cambio”.

En el trasfondo: una realidad cada día más despiadada. Conciencia universal de una derrota del gobierno en todos los órdenes. Estudios irrefutables que revelan “hoyos negros” en las diversas esferas del problema: fortalecimiento de las instituciones de seguridad, disminución del consumo de drogas, desarticulación de las organizaciones criminales y reducción de la mortandad mediante la recuperación de los espacios públicos y el ejercicio de la soberanía sobre el territorio.
El procurador asienta que “la violencia sigue creciendo” y acepta que “la lucha entre el Estado y las organizaciones criminales generó una contra reacción hacia la autoridad”. Reconoce que el aumento de la criminalidad no es un fenómeno social, sino que proviene de las políticas públicas adoptadas. Ignora no obstante los lazos de corrupción determinantes entre los más altos niveles de la política y el negocio de la droga.

Los decomisos de armas y vehículos y la detención o muerte de los capos no han disminuido los asesinatos y el número de usuarios ha crecido en un millón de personas en seis años. El recuento de los muertos publicitado por el Cisen asciende a 28 mil. En proyección, tendríamos que sufrir 12 mil más en los que resta de la administración. Una danza macabra que el país no absorbería. ¿Hasta cuando dejaremos que abusen de nuestra paciencia?

René Delgado: "Fe... pero no ciega"

En el combate al narco, el riesgo se convirtió en peligro. No podía ser de otro modo. Emprender esa guerra -como se advirtió oportunamente- sin el diagnóstico correcto ni la consecuente estrategia requerida ha escalado la violencia criminal a su expresión terrorista.

Sin margen de maniobra dada la crisis política en que asumió la Presidencia de la República, Felipe Calderón encontró en el narcotráfico una batalla que era necesario librar -en eso no hay duda- y una oportunidad para legitimarse en el poder. Sin embargo, él o su equipo falló en el diagnóstico y, por ende, en el remedio. El mismo mandatario asume, sin decirlo, el error de cálculo cuando recurre a la metáfora del enfermo con cáncer que hizo metástasis. Así, se legitimó el mandatario pero, en el ejercicio, terminó por deslegitimar el combate y, ahora, esa deslegitimación amenaza con arrastrarlo.Ahora, por fortuna, el mandatario reconsidera aquel diagnóstico, aquella estrategia y muestra disposición a escuchar y rectificar. No es para menos, el derrame de la violencia criminal sobre la sociedad lo coloca de más en más en un serio predicamento. Hay que darle la bienvenida a esa nueva actitud, pero no por el gesto extender de nuevo un cheque en blanco. No practicar una fe ciega si el gobierno no manda señales claras y emprende acciones concretas, relacionadas y no con la lucha contra el crimen, que sustancien el propósito de reconstruir el Estado de derecho y de reconducir la democracia por el sendero de su consolidación. Tardía pero afortunadamente, el gobierno repara en lo hecho y -sin aceptarlo ni asumirlo en su justa dimensión- reconoce el tamaño del fracaso en el combate al narcotráfico.

El eje del nuevo discurso presidencial tiene expresión en tres vertientes. Uno, no se trata de una guerra contra el narcotráfico, sino de una lucha contra el crimen. Dos, no se trata de una causa u obsesión presidencial, sino de una política de Estado. Tres, no se trata de dar marcha atrás en el combate pero sí de ajustarlo para involucrar sin arrastrar al conjunto de la sociedad en él.Ahí se explica la convocatoria al "Diálogo por la Seguridad" que, aun en su limitación, busca abarcar al mosaico de la sociedad. A casi cuatro años de haber echado andar una maquinaria bélica que, hoy, no es fácil someter a control y que por momentos amenaza la propia viabilidad del gobierno, se convoca y se escucha a voces y sectores, cuyo parecer se desconsideró. Es plausible la nueva actitud presidencial, pero ello no debe conducir a mirar con asombro cuanto ocurre porque, en el fondo, el incremento de la violencia y la actividad criminal son consecuencia de lo que se vino haciendo.

El ataque exclusivo al tráfico de drogas llevaría a la diversificación de la actividad criminal: el asedio a esa sola parte de la industria criminal llevaría a la búsqueda y la disputa del mercado interno así como a la expansión de la actividad criminal a otros campos: extorsión, secuestro, derecho de piso. El hostigamiento policial-militar no inteligente de los grupos de narcotraficantes llevaría a éstos a trasladar el enfrentamiento entre sí y con las fuerzas institucionales a la sociedad para encarecerle el costo político al gobierno. La capacidad logística y de fuego de las Fuerzas Armadas y policiales quedaría rebasada por las bandas criminales, dada la estructura y vocación del Ejército y dada la corrupción de los cuerpos policiales. El uso del combate al crimen como ariete político-electoral diluiría la confianza, la coordinación y la colaboración entre los gobiernos de distinto signo político y le restaría legitimidad a esa guerra. El centrar la estrategia exclusivamente en el frente policial-militar de ese combate sin atacar el frente financiero ni atender el flanco diplomático con Estados Unidos y el flanco social -empleo, salud y educación- le restaría integralidad a la estrategia, predestinándola a su fracaso y llevando al gobierno al callejón donde se encuentra.Eso se sabía, eso se advirtió y eso está ocurriendo. Por todo eso, es importante lo que el presidente de la República está haciendo. De la rectificación que plantea depende su destino, el del gobierno y, quizá, el de la República.

De ahí que, sin olvidar lo ocurrido, sea meritorio sentarse unos días a escuchar lo que se dejó de oír. Pero no basta esa liturgia, ahora -después de escuchar- es preciso conocer la conclusión a la que llega el mandatario y advertir, en los hechos, acciones concretas y precisas que sustantiven su nueva actitud. Si, ahora, la lucha contra el crimen tendrá un carácter integral que considere a la sociedad, se requiere del nuevo diagnóstico para, entonces y hasta se pueda, conocer la estrategia. No se quiere, desde luego, que el mandatario revele en el Auditorio Nacional lineamientos de seguridad nacional, pero sí contar con el protocolo de la nueva conducta gubernamental cuando menos en materia de coordinación, colaboración y comunicación en esa lucha.Se requiere de eso, así como de acciones de gobierno concretas y precisas en la dirección en la que presumiblemente señala el presidente de la República. No se trata de acciones en el exclusivo ámbito de la lucha contra el crimen, sino de aquellos otros ámbitos relacionados también con el Estado de derecho donde el gobierno ha mandado señales de indiferencia, desinterés o, peor aún, de desapego. El hostigamiento al IFAI, la descalificación de la CNDH, el agravio cometido en la Cofetel con el nombramiento de Mony de Swaan, la marcha atrás en los lineamientos para combatir el sobrepeso y la obesidad en los escolares... acciones y rectificaciones que pondrían sólidos tabiques de credibilidad a la nueva política de Estado a la que el gobierno convoca. La administración calderonista ha sido prolija en el postulado de buenos deseos, no en acciones y realizaciones en favor de la consolidación de la democracia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Qué bueno que, ahora, el mandatario reconsidere eso pero, para avanzar en el sendero de las realizaciones, se requiere de señales claras y acciones precisas. Reformular pactos y acuerdos más de una vez establecidos exige el respaldo de actos.Suena bien la nueva actitud presidencial. Convocó a dialogar y aceptó escuchar. Jugó una carta más en la difícil circunstancia que su administración afronta. Venga el diagnóstico, la señal y las acciones para creer que, en verdad, se quiere caminar por un mejor y más seguro sendero.